Establecer alianzas público-privadas para planificar e implementar iniciativas e inversiones que apoyen la transición hacia economías verdes y azules, es un esfuerzo colaborativo que el SNU Guatemala apoyó en 2024 por medio de las alianzas entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el CATIE, ANACAFÉ Y REFICOM, que permitieron mejorar los medios de vida de las personas que se dedican a la producción en la cadena volcánica central. Un total de 1320 productores de café y hortalizas de pequeña escala, de los cuales 943 eran hombres y 379 mujeres, incrementaron su capacidad productiva mediante la adopción de prácticas agrícolas sostenibles mediante procesos de certificación, fortalecimiento de los emprendimientos y negocios promoviendo resiliencia socio-económica. Además, 42 organizaciones de productores, con la participación de 468 beneficiarios (294 hombres y 174 mujeres), recibieron capacitación en gestión administrativa y finanzas rurales. Finalmente, se desarrolló un mecanismo financiero para garantizar la sostenibilidad del parque regional municipal de San Pedro Yepocapa, en Chimaltenango, apoyando a las instituciones municipales y guardabosques en mejorar la gestión del parque.

La alianza con la Municipalidad de Guatemala fortaleció la gestión urbana sostenible y la movilidad accesible, garantizando una implementación eficiente y transparente de proyectos. Con asistencia técnica del SNU, se optimizaron servicios esenciales en las 22 zonas de la ciudad, incluyendo recolección diaria de residuos, limpieza urbana y mantenimiento del ornato, mejorando la calidad del entorno urbano. Se garantizó el suministro de combustible bajo en azufre para la operación del transporte público municipal (Transmetro y TuBus), reduciendo emisiones y promoviendo movilidad sostenible, y se modernizó este servicio con la implementación de la Tarjeta Ciudadana, un sistema prepago con tecnología EMV pionero en América Latina, que facilita 20,000 viajes diarios y beneficia a 400,000 personas, optimizando la accesibilidad y la eficiencia del sistema. Este proyecto, uno de los más innovadores de la región, reducirá tiempos de desplazamiento y mejorará la calidad de vida de la población urbana.

Con el fin de fortalecer la gestión ambiental a nivel municipal, se implementó la Guía de Clasificación del Gasto Público Ambiental Municipal en diez municipios (Ocós, Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Çucho, San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Rafael Pie de la Cuesta, Concepción Chiquirichapa, Zunil, El Palmar y Taxisco), preparando el camino para capacitar a todos los municipios del país en 2025 y con ello mejorar la gestión ambiental local y asegurar un gasto público más transparente y efectivo.

Se contribuyó a la gestión del riesgo y la promoción de respuestas integradas y sostenibles, fortaleciéndose las capacidades nacionales para gestionar los desplazamientos relacionados con desastres y cambio climático, con un marco metodológico estandarizado para la recolección y análisis de datos, acompañado de capacitaciones especializadas territorios vulnerables como Izabal y Alta Verapaz, mejorando la respuesta basada en evidencia con actores clave, como las municipalidades locales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED); la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP): y el Ministerio de Ambiente y Recursos. Naturales (MARN). A nivel de política pública, el SNU Guatemala brindó asistencia técnica para integrar la migración y el cambio climático en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC), en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y apoyó la institucionalización del grupo de trabajo sobre cambio climático y migración del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), facilitando la elaboración y validación de su primer plan de trabajo.

En 2024, el Plan de Respuesta Humanitaria de Guatemala movilizó US$64.9 millones, alcanzando el 52% de los US$125.4 millones requeridos. Con estos recursos, se brindó asistencia a 642,000 personas, principalmente familias en inseguridad alimentaria, niños y niñas con desnutrición aguda, migrantes en flujos mixtos y comunidades de acogida. El 49% de las personas beneficiadas fueron mujeres adultas y el 38% son niños y niñas. 

Las intervenciones en seguridad alimentaria y nutrición se focalizaron en el Corredor Seco oriental, beneficiando a más de 200,000 personas. La atención a población migrante se concentró en las fronteras con Honduras y México, así como a lo largo del corredor migratorio y en comunidades de acogida, alcanzando a 250,000 personas.

Las acciones incluyeron asistencia multisectorial mediante paquetes de ayuda humanitaria y medidas complementarias para la recuperación de medios de vida, la reinserción económica y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Estos esfuerzos contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y a mitigar los efectos de la crisis humanitaria en el país.

Estas acciones integraron el nexo humanitario-desarrollo al vincular la asistencia inmediata con soluciones sostenibles. La seguridad alimentaria y nutrición incluyó no solo ayuda de emergencia, sino también medidas para fortalecer la producción local y la resiliencia comunitaria. En la respuesta a población migrante y comunidades de acogida, además de asistencia humanitaria, se promovió la reinserción económica y el acceso a medios de vida sostenibles. Asimismo, se implementaron estrategias de recuperación temprana orientadas a la gestión del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y la planificación territorial, asegurando que las comunidades más vulnerables puedan avanzar hacia un desarrollo más resiliente.