Instituciones sólidas
Como resultado del trabajo conjunto entre el INE, la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) y agencias del SNU, se fortalecieron las capacidades del MIDES, el MINTRAB, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADI), y el mismo INE, para la producción, análisis y uso de datos desagregados, por medio de los siguientes productos: la primera fase de la Estrategia nacional de desarrollo estadístico (ENDE) y estadísticas vitales, que incluyó la implementación de cartografía digital para el desarrollo de encuestas priorizadas, destacando la primera encuesta para medir la prevalencia de la violencia contra las mujeres, la encuesta nacional de calidad y bienestar de los hogares (ENCABIH), la encuesta nacional de condiciones de vida (ENCOVI), la encuesta nacional de empleo e ingresos (ENEI) y la encuesta de medios de vida (EMV). Este fortalecimiento institucional se complementó con la participación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la asistencia técnica y financiera del BM, en el marco del proyecto Movilización Eficaz de los Ingresos Nacionales para un Crecimiento Inclusivo (MECI), que realizó una evaluación del modelo de gestión de datos para fortalecer a la SAT en la implementación de sus estrategias de cumplimiento tributario y aduanero.
Se elaboraron e implementaron instrumentos de política pública para la asistencia y la protección de las personas en movilidad humana y migrantes, entre ellos, una propuesta de plan estratégico de reintegración sostenible y la ampliación del Sistema Nacional de Referenciación a Servicios de Reintegración a Migrantes (SINAREM) mediante la aplicación «Oportu Guate», que fortaleció los servicios de reintegración, beneficiando a 400 personas retornadas (215 mujeres y 207 hombres). Se desarrollaron tres metodologías para la elaboración de programas, planes y proyectos para la reintegración de personas migrantes en los municipios San Mateo, Quetzaltenango y Esquipulas, así como herramientas específicas para mejorar el seguimiento a los programas de migración temporal y a las personas trabajadoras guatemaltecas en el extranjero. Adicionalmente, el sistema de determinación de la condición de refugiado en Guatemala continuó fortaleciéndose –con el liderazgo técnico de ACNUR– para responder a un número cada vez más elevado de personas que huyen de la violencia y buscan protección en Guatemala. También se fortalecieron capacidades del Comité Intersindical por la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes en Guatemala, con el liderazgo técnico de la OIT.
En cuanto a cooperación sur-sur, cabe mencionar que se facilitó el intercambio de enlaces operativos para recibir a personas migrantes retornadas y con necesidades de protección, incluyendo a víctimas de trata, en municipios priorizados de Guatemala (Esquipulas, Chiquimula; San Mateo y cabecera del departamento de Quetzaltenango), El Salvador (Ahuachapán, Santa Ana y Ocotepeque) y Honduras (San Pedro Sula, Choloma y Distrito Central), apoyando la integración y reintegración de personas en situación de movilidad humana, favoreciendo la cohesión social y la convivencia pacífica en las comunidades de acogida, así como cambios institucionales al sensibilizar al personal municipal sobre la importancia de garantizar el bienestar integral de las personas en movilidad humana.
Por medio del programa conjunto «Respuesta trinacional para una movilidad humana digna, pacífica e inclusiva en el norte de Centroamérica», financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en inglés) e implementado por ACNUR, OIM, y PNUD, se contribuyó a mejorar las capacidades de instituciones nacionales y de OSC en cuanto a la elaboración de marcos y modelos institucionales estratégicos. También se contribuyó a fortalecer capacidades de articulación e incidencia a favor de la independencia judicial, con la participación de 47 organizaciones y 8 plataformas de organizaciones, y se apoyó la creación de un instrumento técnico por parte del Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CCG) para la adopción de la Política de justicia constitucional para grupos en situación de vulnerabilidad. Unos 600 funcionarios de la CCG y otras instancias del sector justicia, incluyendo comunidades de mujeres indígenas, se capacitaron en jurisprudencia sobre grupos vulnerables.
En alianza con el TSE, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) fortaleció las capacidades de 664 mujeres de OSC en toda su diversidad, con el objeto de promover su participación cívica y política a través de seis diálogos territoriales efectuados en los departamentos de Chiquimula, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Petén y Santa Rosa. También se fortaleció la capacidad de 50 mujeres rurales mayas, xincas y garífunas para presentar recomendaciones a la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), con el objetivo de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2024.
Asimismo, se potenciaron las capacidades del personal de la PDH y sus voluntarios en lo relativo a observación y monitoreo electoral, en diálogo y alianzas con OSC e instituciones nacionales, y se acercó a más de 3,000 estudiantes universitarios al Observatorio y Voluntariado Cívico Electoral, en aras de promover su participación y fomentar auditoría social para la transparencia y la rendición de cuentas.
