Desarrollo social
En el pilar de desarrollo social y en términos de la transición uno, sistemas alimentarios, el SNU continuó apoyando la implementación de la Gran Cruzada Nacional por la nutrición (GCNN), liderada por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). Específicamente, se apoyó la sostenibilidad y escalabilidad de dos resultados estratégicos: los planes comunitarios de comunicación para el cambio social y de comportamiento y el Programa de Alimentación Escolar. Con el liderazgo de la SESAN y la asistencia técnica de FAO, PMA y UNICEF, se actualizaron la Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional y su Plan de acción, en respuesta a la necesidad de adaptar ambos instrumentos al contexto humanitario y de desarrollo del país, y de apoyar la implementación de sistemas alimentarios sostenibles en Guatemala. También se elaboró la guía básica que se integra al marco legal del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN).
El acceso y uso de la tierra, así como el acceso a medios de vida para la seguridad alimentaria y nutricional, son detonantes de conflictividad en Guatemala. De esa cuenta, los espacios de diálogo multisectorial, integral e inclusivo que apoyan los programas conjuntos del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en inglés) y otras iniciativas del SNU fueron cruciales para gestionar la conflictividad en 2023. También es relevante que 223 funcionarios de instituciones estatales, municipalidades, sector privado y organizaciones de la sociedad civil (OSC) se capacitaran en prevención de conflictos, en la elaboración de planes de acción municipal en situación de crisis alimentaria, estándares internacionales de DD. HH., y gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional. El proceso de capacitación fue conducido por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y OSC indígenas y campesinas, con el liderazgo técnico de FAO, PMA y OACNUDH. También se facilitaron espacios de diálogo multisectorial en dos mesas en las que se abordó la conflictividad agraria y la gobernanza en seguridad alimentaria con autoridades indígenas de 3 municipios de Alta Verapaz (Tucurú, Senahú y Panzós) y 1 de Izabal (El Estor). La cantidad de 840 familias de 10 comunidades dieron retroalimentación a estas mesas por medio de las comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional (COMUSAN).
En el área de educación accesible y de calidad —que coincide con una de las transiciones de los ODS–, los sistemas alimentarios sostenibles, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE), se vieron fortalecidos con el apoyo a las mesas sectoriales de educación brindado por el Equipo Humanitario de País, que lideró técnicamente la adecuación de la Ley de Alimentación Escolar. Con la implementación de la Estrategia de mejoramiento de los aprendizajes por medio de centros comunitarios de desarrollo infantil (CECODI) para la creación de entornos seguros, protectores, inclusivos, con pertinencia cultural y lingüística, el Ministerio de Educación (MINEDUC) avanzó en el cierre de brechas provocadas por los efectos del COVID-19.
La construcción de infraestructura para agua y saneamiento y la implementación de estrategias de cambio de comportamiento para mejorar la nutrición en las escuelas también fueron procesos impulsados con el liderazgo técnico del SNU. El acceso a modalidades de educación flexible para adolescentes y jóvenes fuera de la escuela mediante espacios innovadores de educación extraescolar –como los espacios virtuales de aprendizaje (EVA) y las escuelas técnicas de campo para la alimentación escolar (ETCAE)– también contribuyeron a cerrar brechas de aprendizaje. Esto se realizó con el liderazgo técnico de UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).
En términos de protección social, la transición cinco para acelerar los ODS, el MIDES implementó el Programa Mejores Familias, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria y nutricional, la autoestima, la autogestión y el liderazgo de mujeres. Esta iniciativa se impulsó con fondos de gobierno que fueron administrados por el PNUD y se ejecutó con la asistencia técnica de Fundazúcar. Otros resultados importantes incluyeron el desarrollo del Manual de procedimientos de certificación de la discapacidad y los Lineamientos para el funcionamiento de las juntas evaluadoras que regirán la implementación del Sistema Nacional de Certificación de las Personas con Discapacidad; asimismo, se fortaleció el marco legal con la aprobación de la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad (Decreto 6-2024).
En el sector salud, se elaboraron 11 productos contextualizados bajo el liderazgo técnico de UNFPA, UNICEF, ONUSIDA, ONU Mujeres, OIM, y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), y la Fundación para la Alimentación y Nutrición de Centroamérica y Panamá (FANCAP), con el financiamiento del Banco Mundial (BM), entre otros donantes. Dieciséis OSC participaron en la planificación, abogacía e incidencia en salud y la provisión de servicios, destacando:
Se suma a estas buenas prácticas la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), que apoyó la construcción de 79 planes básicos de salud entre la comunidad y los servidores públicos del MSPAS por medio de una estrategia de participación comunitaria impulsada en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Zacapa, Izabal, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Suchitepéquez, con el liderazgo técnico de ONUSIDA y UNICEF. En Chiquimula, la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), la Organización de Mujeres Tierra Viva y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) apoyaron el desarrollo de un modelo territorial para la reducción acelerada de las muertes maternas prevenibles.
Las capacidades del sector salud se fortalecieron con la descentralización de los servicios de tratamiento sustitutivo de la función renal, atendiéndose a 3,057 pacientes por medio de 27,847 terapias brindadas en 29 centros de servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La consulta externa descentralizó los servicios en las especialidades de cardiología, ginecología y obstetricia, otorrinolaringología, dermatología y oftalmología, implementando clínicas de telemedicina en las unidades médicas del IGSS ubicadas en Petén, Huehuetenango, Escuintla, Jutiapa, Zacapa, Puerto Barrios, Chimaltenango y Guatemala. Los resultados se alcanzaron con la implementación de los proyectos AMEDIGSS e INFRAIGSS, con el liderazgo del IGSS y la asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para la ejecución eficiente y transparente de fondos públicos, así como para la mejora en la calidad de los servicios.
En 2023, la Mesa Temática de la Primera Infancia del Gabinete Específico de Desarrollo Social (GEDS) recibió asistencia técnica para la actualización de la Política pública de desarrollo integral de la primera infancia (PPDIPI), con el objetivo de mejorar su reporte al Sistema Nacional de Información Social (SNIS). A nivel subnacional, en Chiquimula, se mejoraron los servicios de agua y saneamiento, y de atención primaria en salud sexual reproductiva y nutricional mediante la identificación de madres gestantes, niñas y niños. Asimismo, se identificaron los riesgos sanitarios en las viviendas de más de 7,000 familias por medio del programa conjunto «Fortalecimiento de la resiliencia de los hogares en el Corredor Seco de Guatemala», implementado por el MSPAS, UNICEF, OPS/OMS, FAO y PNUD, con la cooperación estratégica de Suecia.
La respuesta al VIH/sida se fortaleció con un plan de expansión y costeo de la profilaxis previa a la exposición (PrEP), el cual sirvió como insumo para la elaboración de una nota conceptual del Fondo Mundial y del nuevo plan estratégico nacional, con el apoyo conjunto de ONUSIDA y OPS/OMS. Esta asistencia técnica posibilitó el desarrollo de indicadores y catálogos del nuevo sistema de información en VIH, que agilizará la generación de información estratégica.
Asistencia técnica liderada por el MAGA, en coordinación con el MSPAS, también posibilitó que 100 huertos familiares comercializaran sus productos ya procesados por medio de pequeñas empresas fundadas y administradas por personas VVIH y sus familias. A través del memorando de entendimiento firmado entre la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y la OIM se apoyó la prevención de infecciones de trasmisión sexual (ITS), incluido el VIH, así como el acceso a pruebas por parte de personas en movilidad humana en Guatemala. Como resultado de ello, si una persona resulta VIH positivo, se facilita su atención en las unidades de atención integral del MSPAS, sin importar su estatus migratorio.
En lo que respecta a vivienda digna, vale mencionar que 1,073 familias –que representan a 3,260 individuos en riesgo en 7 municipalidades– fueron beneficiarias del programa Ciudades Solidarias para la Integración de Personas Refugiadas, en Riesgo y Solicitantes de la Condición de Refugiado, recibiendo transferencias monetarias por un período de 4 meses, gracias al liderazgo técnico de ACNUR. Una red de albergues a nivel nacional fue consolidada por la OIM, en colaboración con 10 OSC locales que gestionaron alojamientos colectivos temporales para 79,300 personas migrantes y en movilidad humana. El Catálogo de albergues de transición unifamiliar 2023 se formuló en la Mesa Multisectorial de Recuperación; este proceso, realizado con el liderazgo técnico del PNUD, generó soluciones de habitabilidad transitoria que contribuyen a la reinserción socioeconómica de las familias después de los desastres socionaturales, y deja modelos costo-eficientes de vivienda y entornos saludables.